Con Luis Juez en la mira, el fiscal Marijuán allanó el municipio
El fiscal federal secuestró documentación sobre el subsidio que recibió en 2006 de la entonces secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti.
El ex candidato a gobernador salió a decir que su imputación, a mediados de 2007, “fue una picardía electoral armada por el gobierno nacional”.
Por Gabriel Osman
Digámoslo sin vueltas: Luis Juez es un experto, un verdadero maestro en el arte de victimizarse. El y sólo él puede ser acorralado por serias acusaciones de despilfarro de los dineros municipales, y transformar esos defectos en ventaja competitiva.
Puede utilizar a su pequeña hija enferma, mostrarla a todas las cámaras para obtener un impacto adicional, en una manifestación o en un debate televisivo, y salir indemne. Más aún, airoso pese a utilizar tamaños recursos.
Ayer salió a ofrecerse nuevamente como víctima tras el allanamiento que en el municipio hizo el fiscal federal Guillermo Marijuán, en busca de pruebas sobre presuntas irregularidades en un subsidio que recibió en 2006 de manos de Romina Picolotti.
Es cierto que cuenta como aliado a buena parte de los medios de comunicación en ese personaje melodramático que aparece ante cada dificultad. Pero tampoco hay que quitarle mérito. Lo que le falta para ser un buen administrador de los bienes públicos, quedan compensados holgadamente con sus dotes escénicas.
Ayer, uno de los fiscales más enérgicos que tiene la Justicia Federal allanó la Municipalidad de Córdoba en busca de pruebas en el proceso judicial que tiene imputado a Luis Juez y a su entonces secretario de Medio Ambiente, Víctor Ricco, atado todo a la investigación que el fiscal porteño lleva adelante contra la hasta hace poco secretaria de Medio Ambiente de la Nación, la también cordobesa Romina Picolotti.
La investigación de Marijuán trata de establecer el destino que tuvo una partida de 650 mil pesos concedida por Picolotti a la Municipalidad de Córdoba, a fines de 2006, bajo la sospecha de que parte del dinero fue utilizado en muy diversos destinos que el predeterminado: limpieza de la Isla de los Patos, sobre el río Suquía, y del Lago Crisol, en el Parque Sarmiento.
Consultado sobre el procedimiento, Juez dijo que su imputación, a mediados de 2007, “fue una picardía electoral armada por el gobierno nacional para generar un sobresalto, pretendiendo denunciar que se habría utilizado dinero de la Secretaría de Ambiente para la campaña electoral”.
“Le dijimos que los expedientes estaban en la Municipalidad y vinieron a buscarlos. En esos documentos se corrobora que no se contrató ninguna consultora vinculada a Ambiente”, remató.
El allanamiento de Marijuán fue a la Secretaría de Medio Ambiente que actualmente conduce Fernando Cámara. El procedimiento, en el quinto piso del Palacio 6 de Julio, comenzó al mediodía y finalizó dos horas después.
Marijuán dijo que encontró algunas de las cosas que vino a buscar. Más específico, Cámara señaló en declaraciones radiales que “el allanamiento consistió en la búsqueda de tres expedientes, más los legajos personales de las autoridades anteriores (de esa área)”.
Con precisión, Marijuán buscó algunos expedientes que no se encontraban en la Municipalidad, sino en el Tribunal de Cuentas y, según se detectó más tarde, en la Dirección de Espacios Verdes.
Cuando el fiscal se apersonó al organismo de control administrativo del municipio, dio marcha tras en sus intenciones de secuestrar ese material, atento a que se trata de una institución independiente del Ejecutivo y que, consecuentemente, necesitaba de una orden de allanamiento específica. Por este expediente volverá en los próximos días, mientras que la documentación en Espacios Verdes le será enviada por las actuales autoridades municipales, que durante el operativo se mantuvieron distantes aunque tampoco perturbaron la búsqueda del funcionario.
Negocio político descarado
La imputación a Luis Juez por el caso del subsidio por $ 650 mil al área de Medio Ambiente, se produjo dos meses antes de las elecciones del 2 de setiembre, cuando el ex intendente de Córdoba mantenía excelentes relaciones con el gobierno nacional.
Más que excelentes, incluso. Aquel subsidio ejecutado parcialmente 290 mil pesos fueron devueltos, sin utilizar por las actuales autoridades, fue parte de las prestaciones y contraprestaciones que en esos días se prodigaban el funcionario más pro Juez en el Gabinete nacional, Alberto Fernández (responsable también del reclutamiento de Romina Picolotti), y el propio jefe comunal.
Uno de los negocios, el más ampuloso, entre Fernández y Juez fue ese subsidio, contraprestado con la entrega “llave en mano” del área de Medio Ambiente de la Municipalidad al CEDHA (Centro de Estudios de Derechos Humanos y Ambiente), la ONG de Picolotti.
Hasta el desembarco de los Picolotti’boys, Medio Ambiente era Dirección, pero Juez no quiso que a Fernández le quedaran dudas de su buena disposición y, tras eyectar sin pena ni gloria a la directora Diana Rahab, la elevó al rango de Secretaría, nombró como titular a Víctor Ricco, y le colocó como laderos a dos subsecretarios: Pablo Ibáñez y Andrés Ticera, todos del CEDHA.
Es el marco de este crudo negocio político ¿cómo sostener que el gobierno nacional le haya querido armar un escándalo, para colmo hacia un socio con el que establecía tratos casi concupiscentes? Imposible, pero en el orden de los dislates, Juez todo lo puede.
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